Ataques a ACAM amenazan los derechos de autor y el futuro de los creadores en Costa Rica
La Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM) enfrenta una nueva ofensiva por parte de un diputado de la República, quien durante un espacio de control político en el Plenario Legislativo cuestionó la legitimidad del papel que desempeña la Asociación como entidad de gestión colectiva de derechos de autor en Costa Rica. Aunque estas críticas no son nuevas, sí reavivan un debate que ya había puesto en riesgo el sistema de protección de los derechos de las personas creadoras.
Hace apenas tres años, ACAM atravesó una situación similar cuando el diputado Eli Feinzaig, del Partido Liberal Progresista, presentó el proyecto de ley, expediente n.° 23.702, que pretendía eximir a los comercios del pago de la licencia por comunicación pública de obras musicales. Afortunadamente, en marzo de este año la iniciativa fue archivada al no contar con la justificación jurídica necesaria para su aprobación. Sin embargo, el reciente cuestionamiento evidencia que persisten los intentos de debilitar el modelo de gestión colectiva que protege los derechos patrimoniales de quienes crean música.
Las consecuencias de este tipo de discursos no tardan en manifestarse. Días después de las declaraciones del diputado, algunas municipalidades optaron por eliminar el requisito de presentar la licencia de ACAM para la comunicación pública de obras musicales como parte de los trámites de patente para establecimientos comerciales. Esta decisión resulta preocupante, ya que dicho requisito constituye una herramienta que contribuye a promover el cumplimiento de la Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos. En este ámbito, las municipalidades desempeñan un papel importante como entes verificadores del cumplimiento de la normativa vigente, incluida la relacionada con el uso legal de obras musicales.
A la par de estas decisiones, diversos medios de comunicación y plataformas digitales reprodujeron las declaraciones del legislador, generando incertidumbre entre las personas creadoras y otros actores del sector musical. Además, el contexto ha sido aprovechado en redes sociales para difundir información inexacta, descontextualizada o carente de sustento sobre el funcionamiento de ACAM y del sistema de gestión colectiva, lo que contribuye a aumentar la desinformación en torno a un tema complejo y de gran relevancia para la cultura nacional.
Frente a estos cuestionamientos, tanto la Junta Directiva como la administración de ACAM y artistas costarricenses han reiterado que la Asociación es una entidad privada, sin fines de lucro, autorizada por el Estado para administrar los derechos patrimoniales de autor de sus personas asociadas. Su función consiste en recaudar y distribuir las regalías derivadas de la comunicación pública de las obras musicales, garantizando que quienes las crean reciban la remuneración que la legislación les reconoce por el uso de su trabajo intelectual.
También se ha aclarado que los recursos recaudados no se destinan exclusivamente al pago de regalías. Un 10 % financia proyectos sociales y culturales en beneficio de las personas asociadas, mientras que un 30 % cubre los costos operativos indispensables para el funcionamiento de la entidad, entre ellos la infraestructura, los sistemas tecnológicos, los procesos de fiscalización y el personal especializado que permite administrar de manera eficiente los derechos de autor.
En este contexto, resulta necesario recordar que el debate no gira únicamente en torno a una organización. Lo que realmente está en juego es la protección de los derechos patrimoniales de miles de compositores, compositoras, autores y autoras que dependen, total o parcialmente, de las regalías generadas por el uso legítimo de sus obras. Debilitar el sistema de gestión colectiva significa afectar uno de los principales mecanismos que hace posible que la creación artística sea reconocida y remunerada.
En una economía donde el conocimiento y la creatividad adquieren cada vez mayor valor, proteger los derechos de autor no debería interpretarse como un obstáculo para la actividad comercial, sino como una garantía de justicia para quienes aportan contenido, identidad y patrimonio cultural al país. Defender la gestión colectiva es, en última instancia, defender el derecho de las personas creadoras a vivir dignamente del fruto de su trabajo.